Por: Ar Mendoza
A lo largo de su historia, Michoacán ha sido cuna de grandes transformaciones, de magnas protestas por la libertad, la libre expresión, los derechos humanos y la democracia. En el Estado se han gestado innumerables manifestaciones que hasta la fecha continúan buscando un proceso de reivindicación por la justicia social, por abatir el clasismo, el racismo y la desigualdad.
No es casualidad que todos los días seamos testigos de movilizaciones, marchas, protestas, paros y exigencias por diversos temas; algunos por causas justas y otros más por temas relacionados con la desestabilización hacia algún sector, organización o institución. Sin embargo, los últimos años han sido difíciles para Michoacán y en especial para Morelia, una ciudad que, dicho sea de paso, no ha terminado por salir del imaginario colectivo de la “Nueva España”.
En pleno siglo XXI, en un Estado que ha vivido diferentes procesos de emancipación, uno pensaría que los vicios del siglo pasado habrían terminado, no obstante, la lucha por establecer una agenda conservadora sigue latente desde diferentes trincheras de la sociedad y de las instituciones.
Este año, las acciones y los discursos de odio comenzaron a magnificarse a partir del ocho de marzo, después del proceder de los mandos policiacos estatales y municipales; actuando sin un protocolo adecuado que pudiera garantizar la seguridad de aquellas mujeres que ejercían su derecho a la libre expresión, poniendo en duda la capacidad de los elementos para afrontar temas de gran magnitud, agrediendo incluso a miembros de la prensa michoacana.
Se podría llegar a debatir la forma en que las mujeres se manifiestan, sin embargo, me parece que es más indignante el incremento de feminicidios en todo el país y la ineptitud por parte de las autoridades por prevenir, afrontar y aplicar la ley de manera pronta y expedita.
La Policía de Morelia, aquella que ha sido glorificada, magnificada y casi casi santificada por Alfonso Martínez Alcázar y a la cual le “invirtieron” 37 millones de pesos este año para comprar 65 patrullas de lujo, cuenta con 36 quejas dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) según datos de la Coordinación de Orientación Legal de Quejas y Seguimiento de dicha dependencia, en un periodo del 1 de septiembre al 22 de julio, prácticamente todo lo que va de la administración blanquiazul.
Sin embargo, la Policía de Morelia no solo ha sido acusada por actos de corrupción, también de prepotencia y autoritarismo, actuando como un mando de “seguridad política”, digno de cualquier régimen totalitario, siendo denunciada por la dirigente de Morena en Michoacán; Giulianna Bugarini Torres, por haber sido maltratada y violentada en un operativo de alcoholímetro y después haber exhibido sus datos personales en un video en el que más que “aclarar” la situación, pareciera una persecución política.
Otra de las situaciones que ejemplifica claramente como el Estado está bajo el régimen del yugo de una derecha reaccionaria son ciertos sectores de la iglesia católica, que en voz de Herculano Medina Garfias, Obispo auxiliar de la ciudad de Morelia, han calificado como “pecados aberrantes” el lesbianismo y la homosexualidad.
Pero ahí no para la cosa, ya que el tema del aborto sigue siendo un tabú para miles de michoacanos, representantes y partidos políticos, algo que no tendría que estar en tela de juicio, puesto que las mujeres deberían ser quienes decidieran sobre su propio cuerpo.
Incluso el Partido Encuentro Solidario (PES) ha presentado formalmente el “Movimiento Estatal por la Vida y la Familia”, el cual busca llevar a cabo una “Revolución Cultural en Michoacán”, recordando que la última vez que la derecha habló de “revolución”, el mundo la pasó muy mal.
Michoacán se encuentra polarizado entre instituciones, representantes populares y poderes fácticos que intentan decidir sobre diversos sectores sociales, por lo que seguimos inmersos en un constante embate por frenar el progreso social e imponer una agenda ampliamente conservadora.