Presenta Sandra Arreola iniciativa para sancionar el robo a cuentahabientes en Michoacán
• Busca tipificar de manera expresa y agravada este delito en el Código Penal estatal, incluyendo la responsabilidad para empleados bancarios que colaboren con los delincuentes.
Morelia, Michoacán a 30 de octubre de 2025.- Ante la ola de robos violentos a personas que realizan operaciones bancarias en la entidad, la Diputada Local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán y tipificar de manera específica el delito de robo a cuentahabiente, con penas de hasta 10 años de prisión.
La legisladora ecologista señaló que solo en octubre de 2025 se registraron en Morelia al menos tres asaltos de alto impacto en una semana, entre ellos, el despojo de $550 mil pesos a una persona frente a una sucursal bancaria y otro de $300 mil pesos en la zona de Tres Puentes, ambos cometidos a plena luz del día con uso de violencia y huida en motocicleta.
“Estos hechos no son aislados. Existe un patrón delictivo claro donde los cuentahabientes son vigilados y asaltados inmediatamente después de realizar una transacción, lo que sugiere planeación y, en algunos casos, la posible complicidad de empleados de las instituciones financieras”, afirmó la Diputada Arreola.
La iniciativa propone adicionar una fracción X al artículo 204 del Código Penal del Estado para considerar como robo calificado grave el que se cometa contra una persona que realice operaciones bancarias o financieras, al momento de ingresar o salir de un inmueble o cajero automático. Asimismo, establece que el empleado de la institución financiera que colabore para la realización del delito será sujeto a las reglas de responsabilidad penal correspondientes.
“Con esta reforma, buscamos dotar de seguridad jurídica a la ciudadanía, actuar como un factor disuasorio para los delincuentes y homologar nuestra legislación con la de otras entidades, como la Ciudad de México, que ya cuentan con este tipo de figuras penales. Es una respuesta urgente y necesaria para proteger el patrimonio de las familias michoacanas”, concluyó la legisladora.